El TRF-4 (Tribunal Regional Federal de la 4ta Región) condenó el miércoles (27) al expresidente Lula en el caso de la finca localizada en el municipio de Atibaia, elevando la pena del petista y contradiciendo la tesis aprobada por los magistrados del Tribunal Supremo (STF), que acabó anulando dos condenas en el marco de la Operación Lava Jato.
Los tres jueces federales votaron a favor de aumentar la sentencia de Lula a 17 años, 1 mes y 10 días de prisión. En el tribunal inferior había sido sentenciado a 12 años y 11 meses.
Sin embargo, la decisión de TRF-4 no cambia dos situaciones: Lula sigue esperando en libertad agotar todas las apelaciones y todavía tiene prohibido postularse a las elecciones, ya que su condición de condenado en segunda instancia se lo impide, de acuerdo con la Ley Ficha Limpia (sobre antecedentes penales).
Los jueces João Pedro Gebran Neto, el instructor del caso, Leandro Paulsen y Carlos Eduardo Thompson Flores aprovecharon un vacío legal abierto durante el juicio del Supremo que dictaminó en octubre que los acusados delatados deben presentar los alegatos finales después de los denunciantes, como una forma de garantizar el derecho a la defensa. Este rito no se siguió en el juicio celebrado en la primera instancia del caso de la finca de Atibaia.
Aunque llegaron a una interpretación que podría anular la condena de Lula, el Supremo no concluyó la audiencia que define las restricciones sobre el alcance de tal interpretación, con el fin de evitar una avalancha de anulaciones de sentencias.
Como resultado, el fallo del TRF-4 ejerce presión sobre la Corte: el presidente Dias Toffoli incluso llegó a comprometerse a tomar una decisión sobre este asunto hasta final de mes, pero acabó dejándola pendiente.
La defensa de Lula calificó la decisión del tribunal inferior de "afrenta" a la corte superior y aseguró que está estudiando a qué organismo recurrir.
Los tres jueces rechazaron anular la sentencia que condenó al petista, por aceptar reformas en la finca a cambio de favorecer a la constructora con contratos con la pública Petrobras.
Los jueces afirmaron que la nulidad de la sentencia solo podía decretarse si quedara probabo el perjuicio a las partes, lo cual, según ellos, no ocurrió.
Por su parte, el magistrado del Supremo, Edson Fachin, debido a esta discusión, ya ha determinado que se celebre de nuevo la etapa final de alegaciones de otro proceso en el que Lula está imputado, sobre un terreno para el instituto del expresidente.
Gebran fue el más incisivo y criticó el contenido de la nueva interpretación del STF. Para el juez, la iniciativa de anular sentencias presupone que "todos los jueces en Brasil tendrían que adivinar que se crearía una nueva norma".
No obstante, con el asunto de los alegatos finales sin definir en la Corte Suprema, es posible que los tribunales superiores determinen la anulación de la sentencia y el retorno del caso a la primera instancia.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA