Los 5.200 condenados por la Justicia que lograron obtener, renovar o mantener el registro de CAC (cazador, tirador y coleccionista) ante el Ejército entre 2019 y 2022 respondían principalmente a acusaciones por porte o posesión ilegal de armas, lesiones corporales y tráfico de drogas.
Un estudio con información sobre los antecedentes penales de los CACs figura en un informe elaborado por el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) sobre la actuación de los militares en el control de armas durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (PL).
Según la auditoría, el Ejército también liberó armas para 2.690 personas con órdenes de arresto pendientes. La información fue divulgada por el diario O Estado de S. Paulo, y Folha también tuvo acceso al documento.
Los técnicos del Tribunal de cuentas concluyeron que el Ejército falló en sus atribuciones al señalar "serias debilidades" en la comprobación de la idoneidad de quienes obtuvieron o renovaron el registro.
También faltó, según los auditores, una "rutina regular de monitoreo periódico" para identificar irregularidades.