Después del juicio que anuló la posibilidad del ingreso en prisión a los condenados en segunda instancia y tuvo como consecuencia inmediata la excarcelación del expresidente Lula (PT) el viernes (8), el Supremo de Brasil ahora se prepara para analizar una no menos controvertida causa.
El Tribunal estudiará el fallo de su presidente, Dias Toffoli, quien paralizó las investigaciones basadas en datos de un organismo de control, como el ex Coaf, sin autorización judicial previa.
El caso comenzará a ser juzgado el día 21 y Toffoli es el instructor. Existe la posibilidad de que la audiencia sea anticipada al día 20.
El principal interesado es el senador Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), hijo del presidente Jair Bolsonaro. Flavio es el autor de la demanda que motivó la decisión de Toffoli de suspender las investigaciones penales.
Desde la decisión de Toffoli, se encuentra paralizada una investigación de un fiscal de Río de Janeiro sobre Flávio.
El objeto de tales diligencias, es la sospecha de que el senador se haya apropiado de parte de los salarios de los trabajadores de su antiguo gabinete en la Asamblea Legislativa.
Las sospechas saltaron tras el movimiento de R$ 1,2 millones en las cuentas de Fabrício Queiroz, exasesor de Flávio en la Asamblea. Unas transferencias consideradas atípicas por el exCoaf, rebautizado UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
Al pedir a la Corte Suprema que suspendiera la investigación contra Flavio, la defensa aprovechó una apelación extraordinaria que estaba pendiente en la Corte y discutió el intercambio de datos e la agencia tributaria con la Fiscalía con fines penales sin autorización judicial previa.
Los letrados de Flavio argumentaron que los fiscales habían violado la confidencialidad sin control judicial.
En respuesta a la demanda del hijo del presidente, Toffoli extendió la discusión sobre el intercambio de datos a todos los organismos de control (IRS, COAF y el Banco Central) y amplió el alcance de su decisión a todas las investigaciones con características similares.
Sergio Moro incluso acudió a la Corte Suprema para manifestar su insatisfacción y dijo que esta decisión podría poner en peligro la lucha contra el blanqueo de capitales en el país.
A finales de octubre, al menos 700 investigaciones habían sido suspendidas por el fallo de Toffoli, según un estudio de la Oficina del Fiscal General. La mayoría de delitos contra el orden fiscal (307), como la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero (151).
Toffoli dice que busca una solución con el presidente del BC, Roberto Campos Neto, para establecer un procedimiento confidencial de transferencia de datos compatible con la Constitución.
La idea es evitar el abuso y al mismo tiempo tranquilizar a los técnicos de los órganos de control que se habrían sentido amenazados.
El mes pasado, surgieron mensajes de audio en los que Queiroz muestra preocupación ante la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Río.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA