El gobierno Bolsonaro excluye la violencia policial del informe sobre violaciones de derechos humanos

Los especialistas señalan la falta de transparencia y el Ministerio responde que hay datos que no se sostienen y se darán a conocer en un estudio posterior

São Paulo

El Gobierno Federal excluyó del informe anual de derechos humanos, Marque Derechos Humanos [Disque Direitos Humanos], los índices sobre la violencia policial practicada en Brasil en 2019, el primer año de la administración Bolsonaro.

El informe se considera uno de los principales termómetros sobre la violación de los derechos humanos, y es elaborado a partir de las denuncias hechas a través del Dial 100. Este documento considera la violencia de cualquier tipo: contra niños, adolescentes y ancianos, y también la violencia policial.

La ministra de la Mujer y Derechos Humanos Damares Alves (Foto: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress)

"El servicio se considera una 'sala de emergencia' en materia de derechos humanos, ya que aborda situaciones graves de violaciones que acaban de ocurrir o están en curso", explicaba el gobierno en 2018.

Para los expertos, será la primera vez que el informe no divulgue datos sobre la violencia policial. En los documentos más recientes, el indicador referente a esta violencia ha ido aumentado constantemente. En 2016, las denuncias fueron de 1.009 casos, al año siguiente, 1.319 (un 30,7% más), y en 2018, 1.637, lo que supone un aumento del 24%.

El informe también contiene datos sobre violaciones de derechos humanos cometidas en comisarias de policía (administradas por la policía civil).

Para Ariel de Castro Alves, abogado y miembro del grupo Tortura Nunca Mais, esta omisión parece que tiene como finalidad agradar a las bases de Bolsonaro.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil, Hélio Leitão, dice no sorprenderse con la exclusión de estos datos, debido a la falta de transparencia en otros casos. "Hay datos que revelan que en 2019 la letalidad policial aumentó un 92% en Río de Janeiro".

De acuerdo con el fiscal Antonio Suxberger, del CNMP (Consejo Nacional de la Fiscalía), no existe una base de datos sólida en el país de control de casos de violencia policial que sirva de guía para elaborar políticas públicas.

El Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos dijo que la decisión fue técnica y que los datos no fueron divulgados porque hay "contradicciones en los registros".

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

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