Los primeros remates de carreteras, puertos y aeropuertos de la actual gestión de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tuvieron una característica en común: el bajo número de interesados en disputar los activos.
La mayoría de los certámenes contaron con solo dos concursantes, un número bajo en comparación con la historia brasileña y considerado frustrante por el sector. Hace una década, las licitaciones tenían casi una decena de interesados.
Desde enero de 2023, el Gobierno Federal transfirió a la iniciativa privada siete activos de infraestructura. Hubo dos lotes de carreteras en Paraná, un aeropuerto en Rio Grande do Norte, que pasó por una relicitación, y cuatro terminales portuarios en el Nordeste.
También estaba programada una subasta de terminal en Porto Alegre para agosto, que fue cancelada por falta de propuestas. Con ello, las licitaciones de 2023 tuvieron un promedio de 1,8 participantes.
Sin embargo, afirman que los altos intereses y el fantasma de las concesiones problemáticas de otras gestiones petistas ayudan a explicar el actual desinterés del sector privado en los activos.
El Ministerio de Transportes dijo que confía en un aumento de competidores para las próximas subastas. El departamento de Puertos y Aeropuertos afirmó que "el éxito de una subasta de infraestructura no está determinado necesariamente por la cantidad de participantes en la licitación".