Quien participa en la elección presidencial se somete a un contrato tácito con la nación. Se obliga a aceptar el resultado soberano de las urnas en caso de derrota y, en la otra hipótesis, a respetar la Constitución y los derechos fundamentales al conducir el Gobierno.

En medio del ambiente de crispación de la campaña y el estrago desencadenado por la recesión económica, el coqueteo con ideas autoritarias demanda de las dos candidaturas más competitivas algo más allá de la aceptación presumida de las reglas del juego.

Ha llegado el momento de expresar compromisos definitivos con la democracia.

Jair Bolsonaro, del PSL, ha lanzado una sospecha infundada sobre el sistema electrónico de votación. Estimula paranoias de manipulación, pero sólo en caso de no ser él el ganador de la disputa.

El diputado federal por Río de Janeiro tiene que dejar claro al país si va a continuar comportándose como un inconsecuente o asumirá la madurez necesaria para colocarse a la altura de la pretensión de gobernar Brasil.

No se toleran flirteos grotescos con torturadores por parte de un presidente brasileño, una actitud cutre de pistolero, burlas rudimentaria hacia las mujeres ni ese desprecio epidérmico por las minorías que Bolsonaro ha patrocinado. Es el momento de corregir, en un lenguaje claro, ese conjunto de provocaciones al patrimonio civilizatorio.

Antes de la votación, los electores tienen derecho a saber lo que predica la campaña del capitán retirado sobre las atribuciones del presidente de la República. ¿Puede dar un autogolpe y convocar una constituyente de notables, como afirmó su candidato a vice? ¿Puede atropellar votaciones en el Congreso Nacional, como teorizó su asesor económico? La respuesta de la Constitución a estas dos preguntas es no. ¿Cuál es la de Jair Bolsonaro?

Las manifestaciones de sumisión al marco democrático también le han faltado a Fernando Haddad, del PT. La frase de efecto "La elección sin Lula es un fraude", cínicamente silenciada ahora, carece de desmentido público. La agresión constante a decisiones legítimas de la Justicia y del Congreso, así como el recurso sistemático a la corrupción en las gestiones petistas, aún no ha sido objeto de autocrítica por parte de la agrupación de su candidato.

Tampoco se vio una actitud de arrepentimiento petista por el apoyo incondicional a la atroz dictadura venezolana, que produce uno de los mayores desastres humanitarios de la historia sudamericana. La actitud de Haddad y de sus compañeros lleva a buena parte del electorado a desconfiar de la profundidad de su compromiso con el Estado democrático de Derecho.

Las campañas de los dos líderes en intención de votos transmiten los deseos de intimidar a la prensa, de reducir el poder del Congreso y de alterar a través de medios oblicuos el funcionamiento del Supremo. La retórica de que habría atajos institucionales para resolver los graves problemas brasileños no fue adaptada a las formas democráticas.

No existe solución fuera de la Constitución.

^{Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA}
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