Si ya existían grandes dudas sobre la capacidad del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para cumplir las metas de equilibrio presupuestario anunciadas hace tres semanas, la presentación del proyecto de una nueva regla fiscal ante el Parlamento este martes (18) genera una respuesta aún más alarmante.
El texto da a entender que Lula no está comprometido con los objetivos y quiere deshacerse de las puniciones en el caso de que el equilibrio entre los ingresos y el gasto del Tesoro Nacional no alcance el resultado esperado.
Así se desprende del artículo que reforma la Ley de Responsabilidad Fiscal, de 2001, y establece que el incumplimiento de los objetivos señalados "no constituye infracción" de la Ley. Así, el mandatario escapa de las consecuencias que pueden derivar en una denuncia por un delito de responsabilidad.
Vale recordar que si la expansión del gasto del gobierno del PT resulta en un déficit mayor o un superávit menor al proyectado, no hay castigo para las autoridades.
El estímulo a la imprudencia se refuerza en el proyecto con el fin de la obligación de promover el bloqueo preventivo de pagos en caso de estar en peligro el cumplimiento de las metas —hoy, según la LRF, dichas contingencias se analizan cada dos meses, según las estimaciones más actualizadas de recaudación.
Dispositivos de este calibre no están en el proyecto por casualidad. El Gobierno se da cuenta, por supuesto, de que las posibilidades de conseguir el déficit cero prometido en 2024 son remotas, lo que requerirá un aumento exorbitante de la carga fiscal, ya exagerada, o una contención de gastos, lo que se pretende evitar.
El único impacto importante del incumplimiento de los objetivos económicos será el ajuste del límite del crecimiento del gasto anual por encima de la inflación, que caería del 70 % al 50 % de la expansión de ingresos.
Ni siquiera está claro, sin embargo, con qué rapidez se tomaría tal medida, dado que el resultado de un determinado ejercicio sólo se conoce al año siguiente, cuando ya habrá un Presupuesto aprobado y en ejecución. Si el incumplimiento se presenta en el año electoral 2026, la cuenta quedará para el próximo gobierno.
Sale de escena el techo de gasto inscrito en la Constitución en 2016, ya bastante dañado por la ofensiva electoral de Jair Bolsonaro (PL). En su lugar, se propone una regla más complicada, llena de excepciones y lagunas para eludir las restricciones presupuestarias.
Se instituye algún control de gastos que, por supuesto, es mejor que ninguno. No obstante, lo que importa es frenar la deuda pública, sin la cual la economía se asfixiará. El Parlamento Nacional necesita examinar rigurosamente el proyecto y asegurarse de que el Gobierno se comprometa, de hecho, con objetivos realistas y efectivos.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA