Dadas las tensiones políticas e institucionales que han aumentado en los últimos años, será particularmente doloroso —y peligroso— que una nueva etapa de retroceso económico afecte directamente el bienestar de la sociedad brasileña. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentablemente, aumentó ese riesgo.
La apuesta por la hipertrofia estatal como medio para resolver conflictos y carencias, que desde antes de asumir el poder se ha traducido en un incremento continuo e insostenible del gasto público, dificulta controlar la inflación, bajar los tipos de interés y, por tanto, retomar el crecimiento de la producción y los ingresos, sobre una base duradera.
El nuevo reglamento presupuestario, que se discute en el Parlamento con la aprobación de fuerzas fisiológicas, solo establece débiles límites al incremento del gasto, sin ofrecer una perspectiva confiable de contención de la deuda pública, que hoy ya se encuentra en niveles exagerados para una economía emergente.
Del panorama que se avecina, o habrá una contracción desmesurada de la carga tributaria o una nueva escalada del endeudamiento. En ambas hipótesis, la inversión y el empleo tienden a ser asfixiados.
Un bloque de mediocridad sería una desgracia para un país cuya renta per cápita sigue siendo inferior a la de hace diez años. Sin embargo, hay más peligros.
Lula intenta promover una contrarreforma a los avances negados por los ideólogos de su partido. Es el caso del acoso obsesivo a la autonomía del Banco Central, que favoreció un cambio de gobierno sin grandes sobresaltos financieros —en contraste, dicho sea de paso, con la explosión del dólar y los tipos de interés en 2002, en la primera victoria presidencial del PT.
No satisfecho con interrumpir las privatizaciones, el mandatario busca recuperar el control de Eletrobras, sabotea la legislación que profesionalizó la gestión de las empresas estatales y debilita los órganos reguladores.
Con el mismo ímpetu estatista, corporativista y clientelista, invierte contra el marco legal de saneamiento, instituido en un intento de universalizar un servicio al que vergonzosamente todavía no tienen acceso cerca de 100 millones de brasileños, reflejo del modelo de Estado vigente durante décadas hasta 2020.
Se reactivan políticas de subsidio a las empresas, que concentran ingresos y generan ineficiencia, bajo el pretexto de fortalecer la industria nacional. Incentivar el regreso de vehículos supuestamente populares agrega un tono tragicómico a la agenda.
En definitiva, sin embargo, los excesos económicos no pueden oscurecer el retorno a la normalidad institucional con la elección de Lula.
Después de cuatro años de continuas amenazas a la democracia bajo Jair Bolsonaro (PL), es alentador que las instituciones hayan evitado una ruptura, que las Fuerzas Armadas hayan respetado su rol constitucional, que se haya restablecido el diálogo entre los Poderes y que el presidente no azuce a seguidores y al aparato estatal contra las críticas.
La soberanía de las urnas y la alternancia en el poder acaban funcionando como antídoto contra las malas políticas económicas. Los gobiernos que empobrecen a la población en general no son reelegidos. Ahí reside la tenue esperanza de que Lula evite la repetición de viejos errores —o, al menos, que el Congreso Nacional, ahora más protagonista, lo haga.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA